El documento gestionado y financiado por la Municipalidad de Tocopilla, arrojó alarmantes resultados acerca del estado en que se encuentran viviendo las cientos de familias que habitan en los edificios del conjunto Alto Covadonga.

Una agobiante situación viven a diario las cientos de familias que habitan en los edificios del conjunto Alto Covadonga de la comuna, de acuerdo al “Estudio diagnóstico de infraestructura, estructura e instalaciones de los departamentos” del sector, solicitado y financiado por la Municipalidad de Tocopilla, la edificación entregada el año 2013 por el MINVU, presentaría graves problemas en sus instalaciones sanitarias, debilidad en las bases y problemas estructurales.

Toda la situación que están viviendo los vecinos del sector, fue expuesta en un punto de prensa del cual participó la alcaldesa Ljubica Kurtovic, el secretario comunal de Planificación, Iván Mieres, el director de Obras Municipales, Javier Araya y los presidentes de los distintos sectores de Alto Covadonga, Maritza Orellana, sector 1; Luis Dinamarca, sector 2; Janery Guzmán, sector 3; Jessica Maureira, sectores 4 y 5; y Héctor Bórquez, sector 6, quienes en reiteradas ocasiones han acudido al Serviu en busca de soluciones.

El informe se elaboró por instrucción de la alcaldesa Ljubica Kurtovic, quien sostuvo diversas reuniones con los vecinos del sector, quienes acudieron al municipio ante la desesperación de ser escuchados, por lo que la máxima autoridad comunal manifestó que “la intención de esta administración es respaldar a través de este estudio la demanda que ellos tienen con Serviu”.

En tanto el secretario comunal de Planificación, advirtió que “nosotros como Municipalidad no tenemos responsabilidad en este tipo de construcciones. Todas estas construcciones son desarrolladas por Serviu, e inspeccionadas por ellos. Desde ese punto de vista, esto nace por la necesidad de que los vecinos necesitaban el estudio, y nosotros inmediatamente hicimos un requerimiento a Finanzas para ver las disponibilidades presupuestarias. El estudio costó aproximadamente 55 millones, que nosotros tuvimos que hacer mucho esfuerzo para poder generar esta disponibilidad para que los vecinos pudiesen contar con este insumo”.

El estudio realizado por la consultora externa GLC de Gabriel Gallardo, fue un trabajo de cuatro meses de estudio, donde se evidenció la situación de estas viviendas, que con el pasar del tiempo se han ido “asentando”, provocando daños estructurales, rebalse de aguas servidas, hundimiento, eso entre otras graves problemáticas.

El informe fue abordado bajo tres áreas, geotecnia o estudio de suelos de los edificios y su entorno, infraestructura sanitaria y análisis estructural.

Según los datos entregados por el director de Obras, “el estudio de geotecnia significó que la empresa hizo unas calicatas, que son unas excavaciones que se hacen en terreno para determinar el tipo de suelo en el cual están fundados los edificios”, detallando que normalmente en el estudio de suelo tiene que tener como un máximo permitido de sales solubles hasta un 3%, sin embargo, este informe “arrojó que la salinidad de este terreno tiene un 6%, es decir, tiene mucho más de lo permitido por norma”. El problema de este punto sería que “las sales solubles son la cantidad de sal que existe en la tierra y que por efectos de humedad, se puede ir disolviendo. Cuando la sal se disuelve, muy rápidamente van quedando espacios, van quedando concavidades dentro del terreno”.

Por lo que esto significaría que “que, ante cualquier movimiento sísmico, la tierra tiende a acomodarse y el terreno empieza a bajar. Esto ha sido notorio por parte de los vecinos que han visto como los pavimentos del sector, de los estacionamientos se han empezado a resquebrajar y varios muros de contención también han sufrido la fractura, digamos, se han ido dividiendo”, dijo Araya, quien además sostuvo que, en base al estudio, se confirmó que las instalaciones sanitarias fueron mal diseñadas y mal ejecutadas desde un principio.

La situación estructural tampoco es mejor, ya que “de acuerdo a lo que ellos (la consultora) determinaron, la cantidad de fierros que tiene el edificio ni siquiera alcanza a cubrir la norma mínima que en este momento es la que rige a todo el país. Esta norma no ha cambiado en los últimos cuarenta años, es decir, el edificio viene con un diseño estructural que desde sus raíces viene equivocado y la ejecución fue peor todavía. Las losas, determinaban ello, de acuerdo al tipo de edificio deberían tener un espesor mínimo de 15 centímetros, pero ellos determinaron que hay losas que tienen 12, es decir le falta masa al edificio. Los muros interiores de los edificios son los que soportan el peso vertical y éstos tienen una fisura en 45 grados, aparecen unas grietas, y eso es signo inequívoco de los asentamientos diferenciales que se llaman, que es cuando los cimientos del edificio van quedando en el aire, hay sectores que quedan en el aire, y eso hace que el edificio tienda a tratar de estabilizarse y produce las fisuras en los muros”, afirmó Araya.

Además, el director de Obras expuso que “las fisuras en las losas no son producto necesariamente de los sismos, sino que de la baja cantidad de fierros que tienen las losas. Originalmente uno de los edificios que presenta un declive más o menos importante, pero ellos hicieron un levantamiento topográfico de cada uno de los edificios y determinaron que todos ellos están con inclinación, algunos en sentido norte-sur, o sea a lo largo se están inclinando, y otros en el sentido transversal, es decir de lado a lado. Las inclinaciones son de un punto a otro de 16 o 14 centímetros, son inclinaciones importantes. Esto significa que todo el terreno que está bajo estos edificios, si sigue generando estas filtraciones o en caso de una lluvia muy copiosa que el terreno pueda absorber esta humedad, se puede producir un efecto de licuefacción, donde el terreno se empieza literalmente a convertir en un fango».

“Tenemos personas que sufren de crisis de pánico por el tema de los movimientos de los departamentos. Personas que insosteniblemente se mojan, las losas se agrietan. Es como vivir en la intemperie, que se moja todo el departamento, tienen que poner el nylon a sus muebles. Es algo realmente complicado y nosotros hemos estado aguantando esto por un montón de tiempo, porque nunca nos dieron una solución (…) Yo estoy preocupado por mi gente. Yo tengo 150 familias a mi cargo y me preocupa que ellos vivan ahí en las condiciones que ustedes ya se enteraron cómo estamos viviendo. O sea, esto para nosotros es complicado de asumir porque, o sea, sabíamos que estaba mal, pero no tanto. No sé cómo buscar la forma o ver qué podemos hacer, pero a mí me preocupan estas familias que les pueda pasar algo”, dijo el presidente de Alto Covadonga sector 2, Luis Dinamarca.

Por su parte la dirigente Maritza Orellana, representante del sector 1, expresó que “en base al informe, estamos todos con crisis de pánico hoy en día. Llevamos 10 años viviendo ahí y de los 10 años yo creo que un año vivimos tranquilos, porque comenzamos inmediatamente con los problemas. Me llama enormemente la atención que el Serviu, a pesar de tener muchas evidencias de todo lo que ocurría ahí, no haya hecho nada durante estos años. El Serviu en el 2015 ya estaba notificando a la empresa constructora por el asentamiento de los edificios y tenemos documentos que avalan aquello. Posterior a eso, en el 2017 se hace un nuevo estudio, recién este año se nos hace llegar el estudio, pero ni siquiera por el conducto regular, llevamos años pidiendo el famoso estudio que no nos entregaron ni por la Ley de Transparencia. En base a ese estudio nos dimos cuenta de la realidad que llevamos viviendo en una bomba de tiempo”.

Por su parte Mieres dijo que la consultora propuso las siguientes recomendaciones como «medidas de mitigación», las cuales deberían adoptarse de “manera urgente”, porque según explica el profesional “la

situación es tan crítica que, a palabras del mismo ingeniero, no aguanta un movimiento sísmico de 6.5 o 7 grados”, por lo que las medidas son: mejorar las escaleras, cambiar completamente las instalaciones de agua potable y alcantarillado, y una inyección de hormigón para remediar el suelo de los departamentos.

Finalmente, la alcaldesa de la comuna aseveró que “han pasado una serie de autoridades que nos han entregado respuestas. No era el municipio el indicado para que pudiéramos resolver esto, pero a través de este estudio que es incuestionable, los vecinos y vecinas pueden respaldar una demanda”, además informó que oficiará al Presidente de la República, al Ministerio de Vivienda, y las autoridades competentes, a la espera de que el ministro de esta cartera, Carlos Montes, entregue una solución satisfactoria a los vecinos afectados. Por su parte los vecinos harán denuncias en Contraloría y una demanda judicial por los daños sufridos en todos estos años, información que podrá ser sustentada gracias al informe gestionado por el municipio.